Carreteras, Tráfico de Tierra y Coca
Una carretera está siendo ilegalmente construida para conectar el pueblo maderero de Nueva Italia en el rio Ucayali con el pequeño pueblo de Puerto Breu, la capital de la remota región Yurúa. Sin Ningún tipo de aprobación gubernamental e ignorando los derechos indígenas y leyes ambientales, madereros limpian un viejo camino que ahora facilita la migración de cientos de agricultores de coca a esta remota región. La invasión es parte de un movimiento masivo de agricultores, procesadores y traficantes relacionados con el tráfico de cocaína desde la región de la selva central de Perú hacia áreas remotas en tierras bajas como el Yurúa. Una situación muy similar sucede más arriba en las cuencas del rio Ucayali en la parte baja del rio Urubamba.
Aproximadamente hace veinte años, la carretera de la ciudad de Satipo en la selva central de Perú terminaba en el pequeño pueblo de Puerto Ocopa. Desde ahí, viajeros tomaban balsas para un viaje de cinco horas curso abajo del Rio Tambo para llegar al pequeño pueblo de Atalaya. Este servicio de transporte funcionó de manera eficiente por muchos años hasta que madereros construyeron una carretera hacia Atalaya, esta sin ningún tipo de planificación o permiso oficial, estudios de factibilidad, estudios de impacto ambiental y social, o consultas con comunidades locales. Antes un pueblo tranquilo, Atalaya ha triplicado su tamaño en los últimos años mientras los inmigrantes usan la carretera para establecerse en el pueblo y los bosques que lo rodean.
La ubicación de Atalaya cerca de la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba hacen de esta un sitio conveniente para especuladores de tierra, agricultores sin tierras, y otros que buscan explotar los bosques de la zona, incluyendo aquellos afluentes remotos que albergan a comunidades indígenas asentadas y aún aisladas. Los territorios indígenas y contiguas áreas protegidas (incluyendo tres reservas para comunidades indígenas en situación de aislamiento y aislamiento voluntario) están siendo agresivamente invadidas por madereros y agricultores de lugares como Satipo y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) buscando tierras carentes de una supervisión gubernamental eficaz para el cultivo. Un estudio llevado a cabo por personal de UAC en octubre de 2019, encontró 73 chacras ilegales en el rio Sepahua, un afluente del Urubamba construido por inmigrantes de VRAEM y Satipo–muchos de ellos cultivando coca para el tráfico de droga. Lea el articulo publicado por monbabay.com en ingles y español.
Según gente local, la situación en el Sepahua ha sido mucho peor desde la pandemia ya que regiones remotas como Sepahua y Yurúa han carecido de gobiernos vigilantes del cumplimiento de la ley.