Llega la Carretera y Comienza el saqueo forestal
La carretera hecha en base a los caminos forestales que se abren en la región ya ha llegado a los territorios de las comunidades nativas del Yurúa dando paso al saqueo de la madera. Aún no se consolida el acceso a la región, y los madereros ya están en una carrera por asegurar tratos con las comunidades nativas para sacar madera. Así lo demuestra el contrato de extracción forestal firmado entre la Comunidad Yaminahua El Dorado del río Yurúa y la empresa Inversiones Forestales JS EIRL.
En el mes de julio de este año 2021, se firma un “contrato de asociación en participación para el aprovechamiento de recursos forestales maderables” entre la Comunidad El Dorado con la empresa maderera por 20 años. Lo inverosímil y preocupante de todo es el arreglo económico establecido entre las partes: mientras la comunidad recibe el 15% de la madera extraída, la empresa recibe el 85%. Esto es a todas luces un abuso a la comunidad, obligándola a prácticamente regalar su recurso.
Por otro lado, se establecen precios fijos por la madera durante los 20 años de contrato, muy por debajo del precio promedio, sin contemplar su variación en el mercado a lo largo del tiempo y sin la posibilidad que la comunidad pueda negociar mejores precios para vender el 15% que le corresponde según el contrato. Se tiene por ejemplo que se ofrece pagar 0.20 centavos de Sol por pie tablar de Ishpingo, 0.20 centavos por pie tablar de Lupuna, 0.30 centavos por pie tablar de Shihuahuaco, 0.50 centavos por pie tablar de Cedro y 0.50 centavos por pie tablar de Caoba, mientras que en la ciudad de Pucallpa se paga entre 4 - 6 Soles por pie tablar de Ishpingo y Lupuna, entre 8 - 10 Soles el pie tablar de Shihuahuaco, entre 12 - 14 Soles el pie tablar de Cedro y entre 16 y 18 Soles el pie tablar de Caoba. El precio de estas maderas sube en Lima y se multiplica en el extranjero, y la diferencia es ganancia neta para el extractor.
Además, la empresa extractora obtiene el derecho exclusivo de opción de compra de ese 15% de madera de la comunidad, es decir, la comunidad no puede buscar mejores arreglos por su madera, sino que debe vendérsela a la misma empresa extractora a los precios establecidos. Del dinero obtenido por la venta de ese 15% de madera que le corresponde a la comunidad, ésta debe pagar los planes de manejo forestal y planes operativos, los servicios profesionales del regente forestal que exige la ley, las facturas, guías de remisión y transporte, además de todos los impuestos, sin que la empresa contribuya con estos gastos.
Para facilitar el proceso, la empresa gestiona todos los trámites y obtiene los documentos requeridos para la extracción a nombre de la comunidad. Este tipo de arreglo permite al extractor maderero evadir cualquier culpa o responsabilidad ante la ley, siendo las comunidades las que responden y terminan endeudadas y sancionadas por el Estado debido al mal trabajo del extractor.
Las comunidades ven en la extracción forestal una vía para salir de la pobreza y el subdesarrollo. Sin embargo, este tipo de arreglos abusivos, no garantiza que las comunidades tengan un ingreso seguro, se desarrollen sosteniblemente y mejoren sus niveles de vida.
Las comunidades toman sus decisiones guiadas más por la necesidad y la pobreza en la que se encuentran. Estos contratos, aceptados y firmados por las comunidades, son resultado del subdesarrollo en el que viven debido a la falta de atención y apoyo del Estado. Es urgente que las comunidades reciban asesoría de sus organizaciones de base para que este tipo de arreglos se lleven a cabo de manera justa y sostenible.
Mas información sobre la carretera disponible a nuestra pagina y en este articulo de Mongabay.